El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, sobre la iniciativa de desapariciones de Sheinbaum: “Sin las familias, no”

“El principio de participación conjunta subrayado por la Ley General debe prevalecer en todos los asuntos relacionados con las personas desaparecidas. ¡Sin las familias, no!”, dice en un video el abogado austriaco Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Su mensaje ha sido publicado solo unas horas después de la publicación de las modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que la presidenta Claudia Sheinbaum envió hace unos días al Senado para ser revisada y aprobada. En su mensaje, Türk recuerda que dicho principio establece que las autoridades de los distintos niveles del Gobierno mexicano deben permitir a los familiares la participación en las tareas de búsqueda de sus seres queridos en paradero desconocido.

“Yo, y muchos otros, respetamos y admiramos profundamente la valentía de las familias de las víctimas de desaparición en México. Su movimiento, liderado en su mayoría por mujeres, y el infinito amor y fuerza que impulsan su labor, se han convertido en un ejemplo mundial en la lucha por los derechos humanos”, ha dicho el alto comisionado en las plataformas de la ONU México. “Ante toda propuesta de reforma en materia de desaparición de personas, retomamos lo dicho por Volker Türk, en el quinto aniversario de la Ley General sobre desapariciones: la participación conjunta y el respeto a las familias deben prevalecer”, secundan desde la cuenta de ese organismo en el país.

Las modificaciones a la ley fueron anunciadas por la presidenta Sheinbaum el pasado 17 de marzo, tras el hallazgo del rancho en Teuchitlán, en Jalisco, donde fueron encontrados restos humanos y cientos de prendas de ropa y zapatos, y que, presuntamente, servía como lugar de adiestramiento y exterminio de personas que eran reclutadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación.

La mandataria dijo que se buscaría la unificación y fortalecimiento de los registros administrativos y forenses que permitieran la identificación de personas reportadas como desaparecidas. Los registros, explicó, contarán con los datos en poder de las Fiscalías y servicios forenses de todos los Estados. “El eje de nuestro Gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos. Nuestro sentir está con las familias de los desaparecidos. Sabemos de su necesidad y anhelo de reencontrarse con sus seres amados. Nunca vamos a confrontar a una madre cuyo, hijo, hija, hermano o un familiar desapareció”, aseguró.

Las modificaciones

De acuerdo con el documento, que ha sido recibido este lunes por el Senado de la República, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley, entre las que se encuentran las precisiones en definiciones como: Autoridades, Plataforma Única de Identidad, Base Nacional de Carpetas de Investigación, Registro Administrativo y Ficha de búsqueda. Además, propone modificar el término de procuradurías locales a fiscalías locales y se integra la Clave Única de Registro de Población (CURP) —añadiendo la foto y huellas dactilares— como elemento base de identificación de las personas.

La iniciativa también plantea la puesta en marcha de la ficha de búsqueda con todos los requerimientos e información que facilite toda la información posible y que, enfatizan, se deberá hacer circular de manera masiva “por todos los medios disponibles”. Esta disposición deberá ser acatada por todos los Gobiernos, en un contexto de poca comunicación y falta de colaboración, como es posible observar en varios casos actualmente, en que los colectivos de familiares de desaparecidos han denunciado que las fichas que ellos colocan en plazas públicas son retirados por las autoridades, como es el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, en Jalisco, o en zonas como Salamanca, en Guanajuato.

Otra de las incorporaciones a la ley es la de la Plataforma Única de Identidad, que, según explican, facilitará la búsqueda y localización de personas y se conectará con otras bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos. “Esto permitirá realizar búsquedas continuas y exhaustivas, optimizando los recursos disponibles en la búsqueda de personas, mediante la CURP”, dicen. También establece la obligación de contar con Fiscalías Especializadas en desaparición, que deberán contar con personal especializado, capacitado y certificado en la investigación de los delitos contemplados por la ley.

Las nuevas medidas agregan como integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda al Registro Nacional de Población, a la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al representante que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. También crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que deberá contener los datos de las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares.

Además, añade la palabra “digna” en el siguiente apartado: “Localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no reclamadas para poder hacer la entrega digna de cadáveres o restos humanos, conforme a lo señalado por el Protocolo Homologado de Investigación y demás normas aplicables”.

El documento reconoce que, en el pasado, en México, específicamente durante la guerra sucia, “la desaparición forzada era perpetrada por agentes del Estado”, y que ahora el delito está ampliamente vinculado con la delincuencia organizada y es cometido por particulares. Esta es una declaración que ya el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Caballero, había enfatizado en una entrevista con este periódico: “[Las desapariciones forzadas] tienen que entenderse ya, no como propiciadas desde los aparatos del Estado, sino desde la colusión de ese fenómeno macrocriminal que está asolando la región. Tenemos que visibilizar mucho más este fenómeno que está moviéndose en la desaparición, pero que empieza desde el reclutamiento de jóvenes pauperizados que no tienen oportunidad en el empleo formal ni en la educación”, dijo.

Colectivos de todo el país se posicionaron también sobre las nuevas disposiciones en la ley, con comunicados en los que reiteran lo dicho por la ONU: “Demandamos la apertura de espacios de participación a las distintas formas organizativas y de articulación de las familias buscadoras. Exigimos que esos espacios se den con apertura, respeto y escucha activa por parte de las autoridades”. Una petición que no es nueva, y que vienen solicitando desde el Gobierno del presidente López Obrador, que durante su sexenio, pese a que dijo que el tema era de su prioridad, se mantuvo al margen y no concretó ninguna reunión formal con colectivos de madres buscadoras.